DAÑO AL PAÍS: LA MINERÍA INFORMAL E ILEGAL

Ante la creciente problemática y contaminación a plena vista, el Ejecutivo ha tomado la iniciativa y dictado normas para combatir esta alarmante realidad: la explotación ilegal e informal de minerales, la misma que está ya extendida en nuestro territorio, causando importantes y en algunas regiones irreparables daños al eco sistema y también ha creado pasivos sociales que serán muy difíciles de remediar.

Dicha explotación minera se centra principal y fundamentalmente en Regiones y zonas apartadas del Perú, en algunos casos y por sobre todo un factor determinante para su avance descontrolado ha sido el alto precio que viene alcanzando el oro lo que hace dar un inusitado impulso a esta ilícita y contaminante actividad de manera alarmante, originando muy serios pasivos ambientales y sociales que tendrán que ser asumidos por el Estado así como el sometimiento de seres humanos y grupos familiares a estos “trabajos” realizados en las peores condiciones de seguridad y salubridad que nos podamos siquiera imaginar. 

Si bien es cierto, el Ejecutivo ha dictado ya normas para contrarrestar esta ilegal actividad sosteniendo la impostergable necesidad de atender y cuidar el medio ambiente, no podrá de otro lado, a mi modo de ver, so pretexto de dichas normas, desaparecer de un plumazo la minería informal en el Perú.

La realidad social es un factor primario en esta informal y cautiva actividad, la misma que por pasividad del propio Ejecutivo ha alcanzado una extensión importante en diversas zonas de nuestra patria, dejando que la misma se extienda sin mayor control gestando una responsabilidad social que hará crisis de un momento a otro.

En efecto, el sometimiento y opresión en que viven las personas inmersas en esta denigrante actividad y conexas, el daño irreversible que ocasionan a su salud, familia y entorno que tanto directa como indirectamente están inmersos en esta esta ilegal actividad, es definitivo, como también se viene agravando a pasos agigantados el muy serio daño que se origina al ecosistema y entorno social de los pobladores de las zonas de influencia. Esto es realmente impredecible, no hay manera cierta de medirlo.

Para muestra de lo agravante y preocupante de esta situación, citemos únicamente a la Región Puno como ejemplo de este ensayo.

En esta mencionada Región históricamente relegada y olvidada; su poblador tiene basada y sostiene su economía principal y fundamentalmente en actividades informales e ilícitas; un número importante de ellos está dedicado al contrabando y el otro orientado a la minería ilegal e informal, dejando a la actividad formal a un reducido grupo que se dedica a actividades de turismo y conexas.

Se estima que alrededor de 150,000 personas viven directamente de la actividad minera ilegal, principalmente ubicados en el cerro La Rinconada, como también en la zona de Ananea, y aproximadamente 200,000 personas están ligados de manera indirecta a dicha ilícita actividad, que día a día cobra vidas humanas y  contamina de manera abierta cabeceras de cuencas y ríos, los que a su paso matan toda posibilidad de vida y vienen afectando muy seriamente la flora y fauna de la Región, para finalmente desembocar toda la contaminación en el Lago Titicaca.

Como es de observar, con un decreto o norma no se pondrá fin a esta actividad de muerte, ya el cerro La Rinconada está tan agujereado por la ilícita e ilegal actividad que en cualquier momento podría producirse una muy seria catástrofe, en efecto, producto de la informalidad y explotación sin ningún orden y menos tecnicismo, La Rinconada es una real bomba de tiempo, en cualquier momento se puede desplomar y de ocurrir ello, Dios no quiera, podríamos estar hablando que la cifra de muertos pasaría las 5,000 personas; ¿quién asumirá esa catástrofe? ¿quién se hará responsable?

Por demás está mencionar que esta informal e ilegal actividad es capitalizada por diferentes organizaciones anti mineras, las que se hacen prosperas, a costa de la esclavitud de seres humanos en pleno siglo XXI, a los que someten a vivir en las condiciones más deplorables y antihumana que nos podamos siquiera imaginar, y esto arrastra a su grupo familiar.

Asimismo, estas bien montadas organizaciones tienen el propósito de enrostrar el supuesto daño que la minería causa al medio ambiente, engañando así a las comunidades y pobladores y público desinformado en general, pues esconden su propia realidad e intención, simplemente, con los propios dineros que ganan por el trabajo oprimido al que someten a seres humanos, lanzan campañas de desinformación para así azuzar a las comunidades e impedir que la minería formal, ardua y responsable pueda desarrollar su actividad llevando desarrollo y verdadera inclusión social a las comunidades del entorno.

Esta aberrante ocupación para todo efecto práctico y real no puede ser conceptuada como actividad minera, sin embargo estas organizaciones, aprovechando el desconocimiento de los comuneros, manipulan la verdad y la acomodan a sus propios fines e intereses.

Fuera de los pasivos ambientales que obviamente genera esta ilícita, ilegal e informal actividad, con contaminación de aguas y suelos y por ende extensiva a los propios comuneros, su ganado y sus tierras, están también presentes los pasivos sociales, que sumados ambos, abonan en contra del desarrollo responsable, sustentable y técnico de la minería formal, que al pretender iniciar operaciones, con seguridad encontrará un lógico y alentado rechazo de la población que se ha visto perjudicada con dicha actividad informal, estimulada por las organizaciones antimineras que ya les han inculcado el rechazo natural a la actividad minera.

Asimismo no debemos olvidar ni minimizar que los presidentes Regionales juegan un papel preponderante, ya que en sus respectivas regiones se realizan estas ilícitas actividades; de ellos estriba la continuidad o no de las mismas, y el fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada, pudiendo estos dictar, normar y sancionar esta informal actividad, sin embargo, es igualmente pasiva ante estos hechos.

Insisto que la minería informal está ya en camino de causar daño irreversible al medio ambiente y que el comunero a su vez, interpretará de manera general que la actividad minera es perjudicial para su entorno, no diferenciando la responsabilidad, formalidad y técnica empleada en una minería formal de una informal, rechazando de plano cualquier intento futuro de ingreso de la minería formal.

Es prioritario que el Estado en su conjunto de señales claras y definidas en su política ambientalista y de rechazo a la minería informal, explicando abiertamente con toda claridad y transparencia los reales daños sociales y ecológicos que causa la minería informal y señale quienes son los verdaderos y directos beneficiados de esta actividad que se enriquecen a costa de la vida de nuestros semejantes a quienes subyugan en pleno siglo XXI, sin importarles en absoluto el bienestar y crecimiento de nuestra sociedad.

El Estado tiene que ejecutar las labores directas necesarias para dicho objetivo y que de una buena vez se tome acción encarando y eliminando a la minería ilegal, pero igualmente ha de tener presente que el factor humano es  fundamental y hacer ver que la inclusión social de dicha población se dará en la medida que las actividades a desarrollar sean lícitas y tengan sostenibilidad en el tiempo, pues de otra manera, serán palabras líricas y meramente paliativas.

No desaprovechemos esta oportunidad, es momento de sostener la posición inicial del Gobierno en apoyar el desarrollo sostenido y sostenible del país, se están haciendo esfuerzos inmensos para demostrar al mundo que el Perú es un país sólido y en el cual se puede confiar, es decir, se puede invertir.

El Estado viene desarrollando sendos “Work Shop” en diferentes partes del mundo, promocionando diversos y distintos proyectos de inversión, de muy importantes cantidades.

No vaya a ser que por promocionar los grandes proyectos para atraer inversionistas, esté descuidando lo primordial: las zonas en que los mismos van a ser desarrollados.

Recordemos que cualquier inversionista, por más grande o pequeño que este sea, lo último que quiere encontrar para desarrollar su inversión son problemas y si los mismos son de carácter social, es muy seguro que se desanime a invertir.

En consecuencia, hay que andar con mucho cuidado y celo, ya que no basta tener el mejor proyecto minero, con reservas probadas y disposición del Estado para promover el desarrollo del mismo, sino se encuentra y engarza con la disposición de la población de la zona de influencia en apoyar la explotación y desarrollo de dicho proyecto.

El Estado debe tomar posición definida y terminar responsablemente con la proliferación de la minería informal, no debe subestimar esta labor, pensando que  no va a ocasionar inconveniente alguno a la minería formal: mucho cuidado con esta afirmación, ya se tienen experiencias vividas de cómo la minería informal sí puede dañar el desarrollo de la minería formal, llegando al punto de impedir el desarrollo de la misma.

Jorge Adrianzén Prato

   Consultor  Senior

Responsabilidad Social & Relaciones Comunitarias

 alzadri@gmail.com